Por Luz Canales

La pandemia ha abierto la posibilidad de dejar en libertad a procesados por corrupción, algunos ya están libres. Los procesos judiciales también se han visto afectados con los efectos de la pandemia COVID-19 que amenaza a todo el mundo.


Miles de procesos judiciales han quedado paralizados, en el marco del estado de emergencia mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA. Se declaró que el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos suspendan los plazos procesales y procedimentales que consideren necesarios a fin de no perjudicar a los ciudadanos, así como las funciones que dichas entidades ejercen.


Este fenómeno global ha generado que los encarcelados vean la perfecta forma ocasional para obtener su libertad. Entonces a través de una de las garantías constitucionales las defensas técnicas no tardaron en solicitar el cambio de prisión preventiva por detención domiciliaria.
Esta figura se llama el Habeas Corpus, una garantía constitucional que protege derechos que posee todo ciudadano que se encuentra detenido, está previsto para salvaguardar sus derechos fundamentales que se vulnere o amenace.


Esta garantía constitucional marcada en el artículo 200 de la Constitución, tiene una lista de tipos de Habeas Corpus, al cual no entraremos en detalle. Empero, sí explicaremos sobre los efectos del habeas corpus correctivo, en el que se fundamenta las posturas de los investigados por actos de corrupción en el país.


Hace unas semanas, Alejandro Toledo Manrique fue puesto en libertad. La Corte del Distrito Norte de California ordenó que Toledo quede en libertad e inmediatamente este confinado en su casa. Su defensa aseguró que tiene un 6 % de posibilidades de fallecer en caso de contraer el Covid-19.

No se valoró su intento de fuga, el maletín cargado de dólares cuando se le capturó. Dos veces presentó habeas corpus y fue denegado, pero la pandemia le dio la libertad. Su abogado dijo que el COVID-19 ha reduciendo el riesgo de fuga argumentado anteriormente y que fue usado como razón para negarle la libertad bajo fianza.


Toledo está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú, cuando él aún era presidente y por el caso Ecoteva.


César Villanueva, investigado por presuntamente haber recibido dinero de Odebrecht cuando era gobernador de San Martín, ha obtenido recientemente su libertad. La defensa aseguraba también que, estando internado, está en riesgo de contraer el coronavirus.
Ante estos casos, Rafael Vela, jefe del equipo Especial Lava Jato, advirtió que estos pedidos están afectando la estrategia del Ministerio Público en estos casos y dejan un precedente nefasto en la lucha contra la corrupción. El Poder Judicial ni se pronunció y los habeas corpus empezaron a llover.


El árbitro Richard Martín Tirado, con prisión preventiva, en el marco del caso Arbitrajes a favor de Odebrecht, presentó habeas corpus correctivo, argumentando como objeto, que el establecimiento penitenciario no permite el aislamiento social que el gobierno ha decretado como medida de prevención de contagio de la pandemia coronavirus.


Jaime Yoshiyama Tanaka, ex secretario general de Fuerza Popular, investigado por el presunto delito de lavado de activos, solicitó la inmediata variación del mandato de prisión preventiva por el de detención domiciliaria. El hábeas corpus correctivo es interpuesto por efecto de la pandemia de covid-19, sostiene que su permanencia en el establecimiento penitenciario amenaza de manera grave e inminente su derecho a la vida.


El chileno Gerardo Sepúlveda, con mandato de prisión preventiva respecto de la investigación que se le sigue al expresidente Alejandro Toledo por presuntos sobornos que habría recibido de la empresa Odebrecth, asegura que la emergencia sanitaria lo expone a riesgos para su salud y su vida por el avance del covid-19.


Keiko Fujimori, presentó habeas corpus y pretende dejar el centro penitenciario argumentando el grave riesgo de contagio de COVID-19 que avanza cada vez más en los penales de nuestro país.
Susana Villarán, pide el cese de prisión preventiva por el supuesto riesgo de contagio del coronavirus.


Rafael Vela, expresó su preocupación por los diferentes procesos del caso Lava Jato/Odebrecht. “Investigados por el caso Odebrecht que cumplen actualmente con prisión preventiva están aprovechando la emergencia en el país por el coronavirus para salir de prisión”.


Además del Covid-19, la defensa es insistente en refutar que no existe peligro de fuga (por el cierre de fronteras). Por lo tanto, queda débil los fundamentos para una prisión preventiva. Está claro que el juez es el responsable de la aplicación de las leyes, y debe hacerlo con criterio y motivado en los principios del proceso penal. Siendo consciente que podrían burlarse de la justicia, al estar fuera de las cárceles. 

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