La Contraloría General de la República a través de la Gerencia Regional de Control de Ica, dio a conocer el pasado sábado 6 de noviembre los resultados de un control posterior a través del cual se detectó un perjuicio económico de S/ 111 151.87 por presuntas irregularidades en el acondicionamiento de infraestructura por emergencia COVID-19 a cargo del Hospital Regional de Ica.

Ante ello, el Hospital Regional de Ica, emitió un comunicado negando que haya sido notificado sobre hallazgos que hubieran perjudicado a la entidad. Al respecto, precisamos que el Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Ica, notificó vía casilla electrónica el 21 de octubre del 2021, el Informe de Servicio de Control Específico N° 029-2021-2-5340, el que a su vez fue puesto de conocimiento al titular del GORE Ica el 27 de octubre 2021.

Además, el hospital emitió calificativos contra la entidad fiscalizadora de control. Ante ello, debemos precisar que la Contraloría General, efectúa la verificación y evaluación, objetiva y sistemática, de los actos y resultados producidos por la entidad en la gestión y ejecución de los recursos, bienes y operaciones institucionales respetando los principios de reserva y derecho de defensa.

Mantenemos la imparcialidad y la reserva del caso y aclaramos que los informes de control antes de ser publicados en el Portal Web son debidamente notificados al titular de la entidad. En este caso, dicha notificación se concretó el 21 de octubre del 2021 y los Informes de Control, salvo estén catalogados como confidenciales o reservados, que no es este caso, conforme a la Ley 30742, adquieren carácter público y son publicados en nuestra Página Web.

En consecuencia, la difusión de tales resultados a los cuales tienen acceso la opinión pública se ha concretado el día 05 de noviembre de 2021, después de haber sido notificado al hospital.

La Contraloría General de la República es un organismo constitucional autónomo del Estado Peruano, que tiene como misión, dirigir, supervisar y ejecutar el control a las entidades públicas para contribuir al uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos públicos. Por lo que reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional.